FALTA DE RESPETO A LAS LEYES EN MÉXICO.

Esta carencia de cultura de la legalidad obedece a varios factores de diversos tipos, de los que destaco solo dos. El primero es que una buena parte de las leyes no se puede cumplir, ya sea porque unas leyes contradicen a otras, porque son obsoletas o inadecuadas o porque simplemente no hay autoridades en cantidad y con capacidad suficientes para hacerlas cumplir. El segundo es la ignorancia y el temor, o el desprecio que sienten los diversos sectores sociales respecto a las leyes. En los sectores de menores recursos económicos se percibe a las leyes como impuestas, es decir decididas al margen de ellos y, en consecuencia, se ven como ajenas y, en general, hechas para perjudicarlos, no para protegerlos. En los grupos de recursos económicos altos la percepción es más o menos inversa, es decir, se percibe que las leyes están para favorecerlos, pero solo a ellos y cuando no es así, se busca cualquier resquicio técnico para evadirlas. El resultado en ambos casos es el mismo: las leyes no se perciben como propias, como un mecanismo que se da la sociedad para funcionar en sus diversos ámbitos, en sí mismo digno de respeto

     La carencia de una cultura de respeto a la ley, entendida esta en un sentido amplio, no es algo nuevo en México: podríamos ubicar su origen en la época colonial. Tampoco es exclusiva de nuestro país. De hecho no hay país en el mundo en el que todas las leyes se cumplan y respeten siempre. Pero cualquiera que sea el indicador que se tome al respecto, México se cuenta actualmente entre los países en los que las leyes se respetan en menor grado. Es evidente que en nuestra sociedad las normas se cumplen solo cuando hay una amenaza clara de sanción y autoridades con capacidad para aplicarla.

         Las autoridades de diversos tipos, niveles y orígenes partidarios no han podido eliminar la percepción que se tiene, entre la sociedad, de que son ellos los primeros en violar la ley y esto aparece como un elemento adicional de justificación moral para el incumplimiento de las normas entre los ciudadanos. De ahí que se identifique a la corrupción como un obstáculo fundamental para el avance social. Pero la corrupción es solo una parte del problema más amplio y contextual que es el incumplimiento de las leyes en general. Este tiene implicaciones políticas, económicas y sociales de primera magnitud, sobre todo en un país que intenta adecuarse a la modernidad y a la globalidad.

        Desde una perspectiva económica, la falta de cumplimiento de las leyes por los diversos grupos sociales complica y limita la política económica instrumentada por el Estado, por ejemplo en lo que se refiere a la recaudación fiscal, y hace prácticamente inútil cualquier reforma que al respecto se pueda llevar a cabo. En este contexto las recomendaciones de los economistas ortodoxos, consistentes en la reducción de la regulación, han empequeñecido todavía más los ingresos del Estado y, lejos de eliminar los problemas, en realidad han favorecido el contrabando y la piratería. En términos más generales, el comercio y otras actividades económicas informales son resultado de la incapacidad del Estado para hacer cumplir las leyes y del abandono de la regulación.

        En su dimensión política, el no apego a la legalidad vigente por parte de algunos grupos o personas, unos con la justificación moral que da el ser sujetos de abandono y explotación por décadas, como los indígenas, otros sin ella, combinado con la falta de capacidad de las distintas autoridades, sea para negociar acuerdos en el marco de la ley con los primeros o para aplicar la ley de manera estricta con los segundos, lleva tarde o temprano a un camino de ingobernabilidad y desintegración social. En sustitución de las leyes de aplicación general, empiezan a prevalecer usos y costumbres locales. De ello son muestra el surgimiento en diferentes zonas del país de municipios autodeclarados autónomos y de linchamientos.