La matanza de Atocha, el momento clave de la transición
En aquel momento muchos, entre otros el ministro de Gobernación, Rodolfo Martín Villa, y el vicepresidente Alfonso Osorio, pensaron que la transición podría descarrilar en medio de la violencia. Sin embargo, al final, el asesinato de cinco abogados laboralistas en un despacho de la calle Atocha, 55 de Madrid, el 24 de enero de 1977, significó todo lo contrario: la confirmación de que, por mucho que el terrorismo lo intentase, los demócratas no iban a responder con armas a las armas. La aportación de los abogados asesinados aquella noche así como la de sus asesinos, pese a que pretendían todo lo contrario, fue la conquista de la libertad. "Sirvió sin duda para consolidar el camino a la democracia", explica Alejandro Ruiz Huerta, el único de los abogados que estaba aquella noche en el despacho que sigue con vida. Sobrevivió porque una bala chocó contra un bolígrafo Inoxcrom que llevaba en el bolsillo. "El ADN de la democracia está en Atocha. Siempre he creído en la reconciliación, por eso no pedimos la pena de muerte en el proceso".
Un libro de Jorge e Isabel Martínez Reverte, presentado este jueves en Madrid en la sede CCOO, que entonces era ilegal como todos los sindicatos de clase, reconstruye aquel momento trágico y a la vez crucial del camino de España hacia la democracia. La matanza de Atocha. 24 de enero de 1977 (La Esfera de los libros) no sólo relata el crimen, sino también el ambiente de aquellos siete días de enero, como tituló Juan Antonio Bardem su película sobre esa semana trágica. Jorge M. Reverte, un periodista y escritor que se ha especializado en largas crónicas sobre la historia reciente de España, empezó el trabajo en solitario. Un ictus que le dejó muy afectado físicamente pero perfectamente lúcido mentalmente se interpuso en su camino, y su hermana Isabel, una veterana periodista de TVE recientemente prejubilada, se sumó al proyecto.
El poder de los sindicatos verticales, especialmente la siniestra central de transportes, los guerrilleros de Cristo Rey, el comisario Antonio González Pacheco, alias Billy el niño, o su compañero Roberto Conesa, que fue el que denunció a las 13 Rosas: la violencia lo impregnaba todo aquellos días. El dictador había fallecido un año y tres meses antes, pero los tentáculos de su régimen seguían siendo poderosos. Dos manifestantes, Mariluz Nájera y Antonio Ruiz, habían muerto, ella por un bote de humo de la policía, él por un disparo de un ultra. Pero la violencia no solo venía desde la ultraderecha: el Grapo había secuestrado al presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol, y al general Emilio Villaescusa.
Tras la matanza, la situación era tan volátil que el Gobierno reconoció que no podía garantizar la seguridad ni de los heridos ni del cortejo fúnebre. Dos abogados, Manuela Carmena, hoy alcadesa de Madrid, y José María Mohedano, tuvieron un papel muy importante en las negociaciones para que el Partido Comunista, entonces en la ilegalidad, garantizase el orden y organizase el funeral, eso sí, sin armas. Sin aquella matanza es inconcebible la legalización de PCE en abril de ese mismo año, por la madurez política y la contención que demostró
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